por Agenda País 6 abril, 2022
El investigador del Departamento de Educación y Humanidades de la Universidad de Magallanes (UMAG), Mario Garay, explica los nudos que tiene el SAE y propone algunas mejoras para este mecanismo de asignación de los niños a los colegios que reciben fondos públicos.
El nuevo Sistema de Admisión Escolar, establecido en la Ley 20.845, ha resultado ser eficiente en generar un nuevo entorno educacional. Los establecimientos ahora tienen bajísima capacidad para manipular la demanda estudiantil a su favor y quedarse con estudiantes con más estímulos académicos, o que dependa de factores como la capacidad económica de los padres.
Sin embargo, no ha logrado mejorar la distribución de alumnos vulnerables en el sistema y es muy similar a la del mecanismo antiguo, según planteó el investigador de la Universidad de Magallanes, Mario Garay, quien es director de Docencia de la casa de estudios.
El doctor en Ciencias de la Educación manifiesta que existe un elemento no óptimo en el mecanismo de asignación de alumnos a los colegios que hace que la segregación se mantenga, pero también, que existen otros factores que deben ser abordados.
“Reducir la segregación social entre las escuelas y generar espacios educativos socialmente más heterogéneos es el mayor desafío, el que para ser alcanzado debe romper con patrones culturales históricos que intentan mantener las posiciones sociales, tal como se ha analizado en diversos estudios”, plantea
Así, a cuatro años del comienzo del SAE, dice que “no se ha logrado distribuir equitativamente a los estudiantes más vulnerables”. Este sistema funciona como un mecanismo de asignación y a través de una plataforma web los apoderados establecen sus preferencias jerarquizadas y luego estas son compatibilizadas con las vacantes de los establecimientos para poder asignar la matrícula.
Lo más polémico ocurre cuando hay más demanda que cupos en una escuela, pues ahí se aplica aleatoriedad para otorgar idéntica opción de quedar o no.
Análisis
El Departamento de Educación y Humanidades de la UMAG ha analizado este sistema desde 2017, cuando se aplicó de manera piloto en la Región de Magallanes, y desde 2020 en todo el país. Y Garay, quien es profesor de educación básica, académico e investigador de esta área ha sido parte de este trabajo.
De acuerdo con el docente, aunque más o menos la mitad de los postulantes queda en su primera preferencia, y el 75% queda en una de las tres primeras, se han generado muchas dudas y tensiones en los principales actores del sistema.
“Por un lado, los apoderados sienten ansiedad porque ingresar en un establecimiento determinado ya ‘no depende de ellos. Profesores y directivos, por su parte, ahora perciben que arriban estudiantes sin haberles escogido y por ello, con bajo compromiso”, señala.
Ý si bien, explica, lo que sucede es parte de un problema previo al SAE, ya que la oferta pública que se considera de calidad es reducida y segregada y, por tanto, tiene una alta concentración de demanda en pocos establecimientos, “la implementación de esta política no ha tenido el impacto deseado y el sistema continúa segregado, es decir, continúan existiendo los establecimientos altamente deseados y aquellos que no convocan el interés de las familias».
«El primer análisis es que no ha logrado distribuir equitativamente a colegios más deseables a los estudiantes más vulnerables, y la oferta pública de calidad tampoco ha mejorado en el tiempo”, afirma.
A juicio del investigador es relevante analizar los criterios que tiene el sistema para asignar estudiantes de forma aleatoria a los colegios.
“Por ejemplo, si un establecimiento particular subvencionado tienen 10 vacantes, postulan 100 personas. En cambio, en los municipales si hay 100 vacantes, postulan 30 niños», sostiene.
«Por eso, es que hay un grupo bastante significativo que queda muy descontento con el sistema que es la mayoría de los apoderados que postula a los establecimientos particulares subvencionados y no quedan, entonces ahí se produce la frustración. Y quedan dos opciones: el que tiene recursos, hace un esfuerzo y se va al particular, y el que no que se va al municipal”, agrega.
Mejoras al sistema
Garay sostiene que entre las medidas de ajuste que requiere el sistema está el incorporar en el algoritmo de selección aleatoria al factor geográfico, ampliar el concepto de hermana o hermano e incrementar el porcentaje de estudiantes vulnerables por curso, entre otros elementos que hay que analizar desde su implementación.
Y afirma que independiente de las correcciones que se puedan incorporar al SAE, hay un problema de fondo: “No ha habido una preocupación real del Estado para mejorar la educación pública. Esto hace, a la postre, que las escuelas municipales sean hoy día poco deseables para los padres y apoderados”.
El investigador advirtió otra realidad que merma las opciones de romper la segregación. “Es algo más complejo aún porque la segregación también está en la cultura de la comunidad. Vemos, en la práctica, por ejemplo, que la clase media es bastante segregadora, no quiere estar con los municipales y dependiendo del nivel socioeconómico de esa clase media tampoco quiere estar con la media o media baja, por eso es que emigran a los particulares. Está la autosegregación”, comentó.
En conclusión, el profesor manifiesta que “el SAE ha generado un entorno útil, justo y eficiente para poder dar un primer paso. Es un mecanismo además, que está sintonizado con la evidencia y la experiencia internacional, que recomienda eliminar prácticas discriminatorias e incentivar medidas que reduzcan la segregación social asociada a la elección de escuela”.
Pero, pone énfasis en que “el SAE por sí solo es insuficiente y para fortalecer la totalidad de la oferta pública, y en tal sentido se requiere poner en marcha una multiplicidad de políticas públicas que involucren más inversión, incrementar infraestructura, autonomía para directivos y sostenedores, mejorar la formación inicial docente y la calidad del empleo para profesores, entre muchas otras. Tareas pendientes para avanzar hacia una educación de calidad”.