Columna de Tomás Ilabaca y David Miranda, académicos del Doctorado Consorciado en Educación, publicada el 2 de diciembre en La Tercera
En la tramitación de la glosa presupuestaria nacional sobre educación, uno de los aspectos que se acordó fue la eliminación del Sistema de Admisión Escolar (SAE), una herramienta que surge como una de las consecuencias de la Ley 20.585 de Inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del estado, publicada el año 2015 durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.
Esta ley fue la respuesta a casi una década de movilizaciones estudiantiles que pusieron en cuestión los cimientos del sistema escolar elaborados durante la dictadura militar: la municipalización y la erosión constante de la educación pública, consolidando la competencia educativa, en un sistema orientado a segregar (o descremar) a los estudiantes y sus familias a partir del capital social, económico y académico que poseían.
Estos cambios introducidos por la dictadura al sistema escolar chileno, lo transformaron en uno de los más desiguales y segregados en el mundo, según diversos estudios nacionales e internacionales. Es por ello que estudiantes (especialmente en 2006 y 2011), equipos docentes o académicos, y apoderados optaron por exigir un sistema educativo más equitativo y menos segregado, donde el mercado tuviese menos relevancia a la hora de organizar la educación chilena, avanzando en la noción de la educación como un derecho social.
Una de las formas en que el sistema pensó para cuenta de estas demandas y disminuir los niveles de segregación fue el SAE, un sistema inspirado en los principios de equidad e inclusión educativa, bajo el cual se prohibió a los establecimientos públicos y particulares subvencionados seleccionar a estudiantes por motivos académicos (pruebas de selección o promedios de notas), sociales (padres separados, cartas de recomendación) y/o por motivos económicos, abriendo un gran debate educativo respecto de las condiciones para alcanzar una buena educación.
A diferencia de lo argüido por sus detractores, este sistema permitía a las familias, por medio de un algoritmo, escoger escuela y no que las escuelas escogieran a las familias. Según datos del Centro de Estudios Públicos, el 93% de estudiantes quedó en alguna de sus preferencias y según la información del Mineduc, más del 80% queda en alguna de sus tres primeras opciones, lo cual muestra un gran resultado. Previo al SAE no existen datos, pero los estudios sobre elección de escuela daban cuenta de una autoexclusión de las familias, así como una fuerte selección que aplicaba parte importante de los establecimientos escolares.
Si bien el sistema se puede mejorar (cerca del 0,1% de los postulantes no son asignados a un establecimiento), este mecanismo dotó de un cierto principio de justicia educativa a un sistema escolar fuertemente caracterizado por la segregación y desigualdad educativa. Incluso, para quienes se sitúan en un espectro político de derecha, el SAE permite que sean las familias las que elijan la escuela más acorde a sus creencias e intereses para sus hijos. No deja entonces de llamar la atención su eliminación y quedan preguntas y preocupaciones: ¿qué motivaciones hay para elegir eliminar el SAE? ¿Será que nuestra clase política prefiere tener un sistema educativo que segrega estudiantes? ¿Con qué fin? Y respecto al gobierno, cuyo origen fue el movimiento estudiantil, ¿acaso ya olvidaron sus demandas?