Segunda parte entrevista María de los Ángeles Villaseca Rebolledo, Coordinadora de Educación de la Unidad de Promoción, Educación y Participación del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH)
(La primera parte de esta entrevista fue publicada en la edición de marzo de 2022 del boletín informativo del IESED-Chile).
¿Qué medidas desarrolló el gobierno chileno para dar continuidad del ejercicio del derecho a la educación en medio de la pandemia, minimizando sus impactos y, además, qué consecuencias tuvo esto en las condiciones laborales de las/os docentes durante las actividades remotas?
MA: La respuesta del Estado para dar continuidad al ejercicio del derecho a educación, y entre esto la atención a las condiciones docentes, fue muy disímil en los distintos niveles educativos en los que se estructura el sistema.
La apuesta del gobierno estuvo siempre en el retorno a la presencialidad, con la convicción de que las brechas educacionales iban a incrementarse. Sin embargo, no supo ponderar la resistencia de las propias familias a esta alternativa, dado el enfrentamiento de una situación desconocida, con un alto impacto en la salud de las personas, el temor a enfermar y perder un ser querido o la propia vida.
Eso hizo que se reaccionara muy tarde en materia de dotar al sistema educacional de las condiciones para el trabajo docente. Es cierto que se reforzó la plataforma en línea con nuevos recursos didácticos y los textos escolares en formato digital, rescatando una iniciativa que había surgido en respuesta a situaciones anteriores de suspensión de clases presenciales en el 2011, a raíz de la movilización estudiantil.
También se hizo una alianza con la empresa privada para acelerar el acceso a plataformas de educación a distancia, pero sin una capacitación sobre su uso ni la disponibilidad de tiempos para hacer dicha capacitación, este recurso terminó siendo subutilizado. Sin embargo, las y los docentes tuvieron que hacer una rápida transición de la educación presencial a la digital, sin tener la preparación para ello. La necesidad los llevó a activar su creatividad, a duplicar sus jornadas para poder acompañar a sus estudiantes que no podían conectarse y buscar alternativas que les permitieran mantener ese vínculo.
El tema no era solo de equipamiento y acceso a internet, que ciertamente llegó tarde, recién a inicios del segundo semestre del año escolar de 2020, cuando se flexibilizó el uso de la subvención escolar preferencial, pero los establecimientos educacionales que no cuentan con esos recursos, tampoco contaron con otros mecanismos que les apoyaran para eso.
La presión docente creció enormemente y, además, la variable de género volvió a impactar más fuertemente en las profesoras, que tuvieron mayores dificultades para conciliar su vida familiar con sus labores docentes.
La responsabilidad el gobierno la traspasó a los sostenedores y, por lo mismo, la conocida desigualdad educativa de los establecimientos educacionales, profundizó las brechas que ya había respecto de la desigualdad de recursos de los hogares de las y los profesores.
Fueron algunos municipios y las organizaciones de la sociedad civil, las entidades que más reaccionaron para acompañar y no solo levantar información respecto de la condición docente. No se pensó en bonos como se hizo para el sector salud, que reconociera este esfuerzo. Es más, en muchas ocasiones el Ejecutivo insinuó falta de compromiso, dada sus disputas con el colegio de profesores.
Una realidad distinta se vivió en la educación superior, donde la Subsecretaría y la Superintendencia respectiva dieron tempranas señales, para que las universidades se hicieran cargo de esta transición a la virtualidad, con parámetros mínimos de calidad. A su vez, las casas de estudio echaron mano a los recursos que disponían e hicieron procesos express para que los académicos pudieran utilizar las plataformas de formación a distancia que dispuso la Universidad.
La experiencia de los postítulos a distancia o semipresenciales también había generado un mejor piso para esta respuesta y se buscó alguna forma de reestructurar los programas formativos, para postergar las áreas prácticas que no podían ser resueltas por medio de clases a distancia. Con todo, las condiciones docentes igualmente se deterioraron, en particular por el aumento del estrés propio de esta nueva modalidad de enseñanza y la posibilidad de generar un vínculo más cercano con el estudiantado, especialmente de los primeros años.
La pandemia removió las prácticas de enseñanza y permitió visibilizar los desafíos que tiene la educación en el campo de la formación integral y de la salud mental. Los derechos en la educación, es decir, los que se juegan en la experiencia cotidiana de la convivencia, el encuentro, el estar con otras y otros, para que todas y todos puedan aprender y aportar al proceso de enseñanza, ha sido un gran desafío que las autoridades de gobierno no han sabido canalizar ni aprovechar.
Es importante volver a la presencialidad, pero no volver a la misma forma de educación que teníamos, que no se hacía cargo de las desigualdades de docentes y estudiantes para contar con condiciones mínimas e iguales oportunidades, una educación que atienda de manera efectiva a la diversidad de aprendizajes y de ritmos de aprender, y que sea consciente de que los factores emocionales que nos predisponen a poder aprovechar esas oportunidades que un espacio educativo puede ofrecer, no son una variable que la educación pueda desestimar.